La bodycam —la cámara corporal que el guardia lleva adosada al uniforme y graba en primera persona— pasó en pocos años de ser un accesorio de nicho a un requisito regulado en Chile. La razón es la Ley 21.659 de Seguridad Privada, vigente desde el 28 de noviembre de 2025, y su reglamento, el Decreto Supremo 209, que fija por primera vez un estándar técnico explícito para los sistemas de grabación en primera persona. Si gestionas la seguridad de un servicentro, una institución financiera, una empresa de logística o cualquier operación con dotación de guardias, la pregunta ya no es si la tecnología sirve, sino qué exige la norma, a quién aplica y cómo se verifica que el proveedor cumpla.
Esta guía resume lo que un gerente de operaciones, administrador de contrato o jefe de seguridad necesita saber antes de exigir —o aceptar— bodycams en su servicio de guardias. No es asesoría legal definitiva, pero sí un mapa claro del nuevo estándar.
Qué es una bodycam y por qué entró al radar de las empresas
Una bodycam es una cámara compacta que se fija a la vestimenta o al equipamiento del guardia y registra video —y normalmente audio— desde su punto de vista. A diferencia del CCTV fijo, acompaña al guardia en rondas, controles de acceso y fiscalizaciones de procedimiento, justo donde ocurren los incidentes que las cámaras fijas no alcanzan a ver bien: un desalojo, un robo hormiga sorprendido en bodega, una agresión al personal.
Para la empresa mandante, el valor es doble. Primero, evidencia: una grabación en primera persona con integridad verificable vale mucho más ante fiscalía o un tribunal laboral que un relato contradictorio. Segundo, conducta: la evidencia registrada protege al guardia frente a acusaciones infundadas y, a la vez, eleva el estándar de trato hacia clientes y trabajadores, en línea con el uso proporcional de la fuerza que la propia normativa exige.
Qué dicen la Ley 21.659 y el DS 209 sobre la grabación en primera persona
La Ley 21.659 reordenó todo el sistema: entregó la rectoría a la Subsecretaría de Prevención del Delito, creó el Registro de Seguridad Privada y clasificó a las entidades según su nivel de riesgo, como explica la propia Subsecretaría de Prevención del Delito. El detalle técnico quedó en el reglamento: el Decreto Supremo 209, publicado en el Diario Oficial el 27 de mayo de 2025.
El punto central para este tema está en el artículo 39 del DS 209: el sistema de grabación audiovisual debe usarse adosado a la vestimenta o al equipamiento del guardia de seguridad, de manera que las imágenes se registren en primera persona. Es decir, cuando un servicio contempla grabación corporal, el reglamento ya define cómo debe hacerse: no cualquier cámara colgada de cualquier manera, sino un sistema con requisitos de fidelidad, integridad y conservación.
Quiénes están obligados y quiénes deberían adoptarla igual
Aquí conviene ser preciso, porque en el mercado circulan afirmaciones exageradas. La exigencia de la cámara corporal no es universal: el gatillo es la función que cumple la persona, no el rubro de la empresa a secas.
- Vigilantes privados: en el régimen especial armado —el de las entidades obligadas de riesgo alto, como bancos, instituciones financieras y transporte de valores—, la cámara corporal es parte del equipamiento del vigilante, junto con los elementos defensivos y el seguro de vida.
- Guardias en funciones calificadas de alto riesgo: para el guardia común la ley fija protecciones mínimas —chaleco anticorte, seguro de vida— y agrega la cámara corporal cuando cumple funciones calificadas de alto riesgo. Un mismo contrato puede tener puestos con y sin esa exigencia.
- Entidades obligadas y su estudio de seguridad: la Subsecretaría de Prevención del Delito puede declarar obligada a cualquier organización cuya actividad genere riesgo para la seguridad pública, asignándole nivel bajo, medio o alto. Qué puestos quedan con grabación se define en su estudio de seguridad, cuyo primer plazo de presentación venció en mayo de 2026, como revisamos en la guía de plazos de la Ley 21.659.
- El resto de las empresas: sin obligación directa, pero nada impide —y mucho recomienda— exigir el mismo estándar técnico del DS 209 en el contrato con su proveedor de guardias. Si la grabación existe, más vale que tenga valor probatorio.
Requisitos técnicos del DS 209: qué significan para tu operación
La tabla siguiente traduce los requisitos normativos a lo que debes verificar en la práctica con tu proveedor:
| Requisito del reglamento | Qué debes verificar en la operación |
|---|---|
| Grabación en primera persona, adosada a vestimenta o equipamiento (art. 39) | El equipo va fijo al uniforme del guardia, no suelto ni en el bolsillo; el encuadre registra lo que el guardia enfrenta |
| Fidelidad e integridad de archivos y metadatos | Cada archivo conserva fecha, hora e identificación del dispositivo, sin posibilidad de edición posterior |
| Conservación mínima de 120 días consecutivos | El almacenamiento contratado cubre al menos 4 meses de grabaciones; ante causa judicial, se conserva hasta el cierre del proceso |
| Conexión del sistema de grabación de imágenes con una central de monitoreo | La central es propia de la entidad o de una empresa externa contratada, con autorización de la Subsecretaría |
| Empresa autorizada y personal acreditado ante la SPD | Resolución de autorización vigente del proveedor —durante 2026 el Registro Nacional sigue en implementación— y credencial OS10 de cada guardia, verificables ante fiscalización |
Ese último punto conecta con algo que ya cubrimos en detalle: la fiscalización de la SPD y el rol del OS10 alcanzan también al equipamiento declarado en el estudio de seguridad. Una bodycam que no cumple el estándar no es neutra: es un hallazgo.
Bodycams y datos personales: el cruce con la Ley 21.719
Una cámara corporal graba personas identificables —trabajadores, clientes, proveedores— y muchas veces audio. Eso es tratamiento de datos personales, y desde el 1 de diciembre de 2026, con la vigencia plena de la Ley 21.719 y su nueva Agencia de Protección de Datos Personales, ese tratamiento queda bajo un régimen fiscalizable, como ya analizamos a propósito de la videovigilancia y la Ley 21.719. El cruce entre ambos cuerpos normativos —seguridad privada y protección de datos— es tan relevante que publicaciones especializadas como la IAPP lo tratan como un tema propio.
En la práctica, la empresa responsable debe dejar resuelto:
- Información: señalizar y comunicar que existe grabación corporal en el recinto, con finalidad definida (seguridad y evidencia de procedimientos).
- Proporcionalidad: la grabación se justifica en funciones de seguridad, no como vigilancia laboral encubierta del propio personal.
- Acceso restringido: quién puede ver, extraer o entregar una grabación, con registro de cada acceso.
- Plazos coherentes: los 120 días del DS 209 conviven con el principio de limitación; conservar más tiempo requiere una razón (causa judicial o administrativa).
Cómo verificar que tu proveedor de guardias cumple
Si vas a incorporar bodycams al contrato —por obligación o por decisión propia—, este checklist ordena la conversación con el proveedor de guardias de seguridad:
- Autorización y acreditación: resolución de autorización vigente de la Subsecretaría —durante 2026 el Registro Nacional sigue en implementación, así que esa resolución es la evidencia exigible— y guardias con credencial vigente.
- Equipamiento conforme al DS 209: grabación en primera persona, integridad de metadatos, retención de 120 días. Pide la ficha técnica, no la promesa comercial.
- Central de monitoreo detrás del dispositivo: una grabación que nadie supervisa pierde la mitad de su valor preventivo. La conexión con una central de monitoreo convierte el registro en capacidad de respuesta.
- Procedimiento de custodia: protocolo escrito de descarga, resguardo y entrega de grabaciones ante incidentes, fiscalización o requerimiento de fiscalía.
- Cumplimiento de datos personales: señalización, política de acceso y plazos de conservación documentados antes del 1 de diciembre de 2026.
Y una advertencia honesta: la bodycam no reemplaza al guardia bien seleccionado ni al procedimiento bien diseñado. Es una capa de trazabilidad sobre una operación que ya debe estar bien hecha.
El estándar ya existe: úsalo a tu favor
La combinación Ley 21.659 + DS 209 dejó de tratar la grabación corporal como un accesorio y la convirtió en un componente regulado del servicio de seguridad. Para el decisor B2B eso es una ventaja: hoy existe un estándar objetivo contra el cual comparar proveedores, en vez de fichas comerciales incomparables entre sí.
En Gard Security operamos con el 100% de nuestro plantel acreditado OS10 y una central de monitoreo propia que funciona 24/7, e incorporamos los requerimientos de grabación y trazabilidad que tu estudio de seguridad o tu contrato definan. Si estás evaluando actualizar tu servicio de guardias al nuevo estándar normativo, cotiza con nosotros: respondemos en menos de 12 horas hábiles con una propuesta ajustada a tu operación.